Reingreso ilegal a los Estados Unidos

El reingreso ilegal es un asunto serio. El gobierno federal procesa a las personas con una orden de expulsión previa, bajo 8 USC 1326, si vuelven a ingresar a los Estados Unidos después de haber sido expulsadas previamente. Esto conducirá a su enjuiciamiento en un tribunal federal y su posterior expulsión de los Estados Unidos.

El cargo por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito grave y podría dar lugar a una sentencia de al menos dos años y la expulsión de los Estados Unidos. El estatuto mejora la sentencia dependiendo de enjuiciamientos previos, varias condenas penales o una condena por un delito grave agravado bajo INA §101 (a) (43).

¿Qué constituye el reingreso ilegal?

El Congreso, para disuadir a las personas de ingresar a los Estados Unidos después de ser expulsados, criminalizó el reingreso ilegal a los Estados Unidos. El gobierno procesará a las siguientes personas por reingreso ilegal:

• Individuos a quienes se les ha negado el reingreso a los Estados Unidos;
• Individuos que han sido excluidos de los Estados Unidos;
• Individuos que han sido deportados de los Estados Unidos;
• Individuos que han sido removidos de los Estados Unidos; o
• Individuos que han salido de los Estados Unidos previamente con una orden de exclusión, deportación o expulsión pendiente.

Estas personas serían acusadas de reingreso ilegal si intentan regresar a los Estados Unidos de manera indocumentada o se encuentran en los Estados Unidos después de dicho reingreso.

¿Por qué debería contratar a un abogado de inmigración para que lo defienda?

Una de las defensas de este cargo es un ataque colateral en la orden de remoción previa subyacente. En muchos casos, especialmente con viejas órdenes de expulsión, los derechos del inmigrante al debido proceso podrían haber sido violados. Estas violaciones serían perjudiciales para defender el cargo en un tribunal federal. Un abogado de inmigración podría encontrar estos problemas con los procedimientos de expulsión subyacentes.

Otra vía para defender el cargo sería actuar para reabrir los procedimientos de expulsión. Una moción para reabrir sería posible si el estatuto subyacente que lleva a la remoción se considera inconstitucional. Por ejemplo, un inmigrante que haya sido expulsado previamente por cometer un «delito de violencia» podría argumentar que el fallo de la Corte Suprema en Dimaya cambió la definición de dicho delito y la orden de expulsión subyacente debería ser desestimada. Dicha reapertura debería conducir a la desestimación del cargo de reentrada ilegal.

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